El TEPJF ratifica multa de 28 millones de pesos al partido Movimiento Ciudadano y pide al INE analizar sanción al gobernador electo Samuel García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos al acreditarse que se triangularon recursos por parte de familiares de Samuel García a su campaña a la gubernatura de Nuevo León.

De acuerdo con una indagatoria de la Unidad de Fiscalización del INE, familiares del candidato emecista habrían otorgado recursos por 14.2 millones de pesos de entes que tienen prohibido hacer aportaciones a campañas electorales.

El proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez plenteaba dejar sin responsabilidades a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por dicho caso.

No obstante, la magistrada Janine Otálora Malassis propuso a sus pares determinar que el INE establezca qué responsabilidades se le tienen que fincar al gobernador electo por dichas aportaciones, toda vez que puso estar enterado de su ilegalidad.

A este proyecto se le sumaron los magistrados Indalfer Infante, Felipe Fuentes, Pelipe de la Mata Pizaña y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

“Por una parte tuvo por acreditado un acto de simulación que atribuyó en un inicio, tanto al partido como a su entonces candidato, pero al momento de analizar la capacidad económica y los elementos pata individualización, al responsable se limitó al partido sin que se advierta pronunciamiento con razones y motivos que la llevaron a concluir que pese a que el entonces candidato también fue considerado infractor de las obligaciones en materia de fiscalización no resultaba procedente sancionarlo. Debe revocarse esta parte para que se resuelva sobre la presunta responsabilidad por parte del entonces candidato”, argumentó Otálora Malassis.

De igual forma, se solicitará a la autoridad electoral, publique las medidas, acciones y obligaciones que tienen los partidos políticos para conocer el origen de los recursos que reciben a través de aportaciones de militantes y simpatizantes.

También, se desechó la propuesta que pretendía dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), dado que el caso está basado en faltas administrativas.