Empresario costarricense cobrará 18,313 mdp por operar del Banco del Bienestar

El empresario costarricense Alfredo José Urcuyo Fernández cobrará 18,313 millones de pesos por los servicios de administración de las operaciones y transacciones bancarias de tarjetas de crédito o débito del Banco del Bienestar, institución bancaria creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los servicios subcontratados para la bancarización y la inclusión financiera de los usuarios del banco de desarrollo corren a cargo de Bahud Processing México, una empresa creada en 2018 por Urcuyo Fernández y la compañía mexicana Global Recash, según el contrato adjudicado de manera directa por Banco del Bienestar, a cargo de Diana Álvarez Maury. 

Según la documentación en poder de Forbes México, la contratación del outsourcing para las operaciones bancarias se da 15 meses después de que el Banco del Bienestar declaró que no contaba con dinero ni los recursos financieros suficientes para adquirir 8 cajeros automáticos a la empresa Vivcolmex.

“Al 29 de julio de 2020, el Banco del Bienestar no cuenta con recursos propios para hacer frente a este contrato, ya que actualmente está enfocado en cumplir con su plan de expansión y construcción de 2,704 sucursales bancarias”, dice el dictamen de Justificación de Terminación Anticipada del Contrato firmado entre la institución de la banca social y Vivcolmex.

“El servicio para el que fue contratado Vivcolmex no se prestó en virtud de que el Banco del Bienestar no formalizó ni recibió recursos por parte de la Secretaría del Bienestar”, señala el reporte firmado por Raymundo Eugenio Peralta Herrera, director general adjunto de Tecnología y Operación de la institución financiera.

En el documento se argumenta que continuar con el servicio contratado  por 10 millones de pesos con la compañía Vivcolmex habría ocasionado una afectación a las funciones del Banco del Bienestar. Esa fue una de las primeras acciones realizadas por Diana Álvarez Maury, quien el 22 de junio de 2020 sustituyó a Rabindranath Salazar.

Detrás del contrato entregado al empresario costarricense está Alfredo Orellana Moyao, asesor de la Dirección General del Banco del Bienestar.

El asesor de Diana Álvarez Maury estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e ingresó al servicio público en 2003, en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Orellana Moyao trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue coordinador de asesores en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), asumió el cargo el 15 de diciembre de 2012, por lo que en sus manos tuvo el caso Monex por presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, presentó su renuncia un año y siete meses después. Sobre el tema, legisladores de oposición aseguraron que su intempestiva renuncia como titular de la Fiscalía tuvo la finalidad de dar carpetazo a las investigaciones.

Su percepción mensual bruta al interior del Banco del Bienestar, así como la información de su contratación no es pública, pues según fue contratado por la vía del outsourcing.

El Banco del Bienestar no se sujetó al procedimiento de licitación pública en la entrega del contrato por asignación directa a Bahud Processing México, ya que argumentó las causales del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones

Tal artículo dice que se permite la adjudicación directa cuando “no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte”.

Inicialmente se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas. No obstante, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) muestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gasta uno de cada dos pesos en adjudicaciones directas o en concursos con invitación restringida. 

El organismo señala que existe un riesgo en estos esquemas que son frecuentemente utilizados por redes de corrupción, ya que es más fácil otorgar contratos de forma directa a empresas con las que funcionarios pudieron llegar a acuerdos previos.

A Global Recash, empresa creada en 2016 en México por Jaime Deschamps González y Alfredo José Urcuyo Fernández, el Banco del Bienestar le adjudicó de manera directa un contrato para la evaluación y elaboración del modelo operativo de adaptación y comunicación con procesadores y autorizadores transaccionales. El servicio asignado a otra compañía del empresario costarricense fue por 5 millones 939,999 pesos, IVA incluido.

En 2021, el Banco del Bienestar ha formalizado 63 contratos, 33 de ellos por adjudicación directa, 15 por licitación pública y 10 a través de invitaciones restringidas. El resto son contratos entre entes públicos.