Sin claridad en indagatoria de la SFP sobre hijo de AMLO

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinara que no hay evidencias de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo hayan incurrido en un conflicto de interés con el empresario Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, y asesor honorario del Tren Maya, expertos en el tema consideraron que la SFP perdió una oportunidad para fortalecer su imagen en la lucha contra la corrupción.

El pasado viernes, la SFP dio a conocer que por falta de elementos, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP dio por concluida la investigación iniciada en febrero pasado relacionada con una denuncia por posible conflicto de intereses, cohecho y soborno, en la que se mencionó al hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, y a las empresas KEI Partners y Baker Hughes.

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público (el presidente) y a los particulares”, informó el pasado viernes.

De igual modo descartó irregularidades en los permisos y concesiones que Grupo Vidanta ha recibido del gobierno federal.

Sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por falta de elementos”, concluyó.

La indagatoria de la SFP derivó de una denuncia interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), tras conocerse que López Beltrán fue contratado en Estados Unidos por una empresa en la que son accionistas dos hijos de Chávez Morán, empresario nombrado por el gobierno federal como supervisor honorario del Tren Maya.

Resultados incompletos

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, indicó que la sociedad no puede quedarse tranquila con la respuesta que dio la SFP, ya que los resultados de la investigación se informaron de manera ambigua e incompleta, lo que pone en duda la imparcialidad de la dependencia.

La experta comentó que si hay una investigación exhaustiva, que tiene una conclusión, los datos deben conocerse a fondo y con ello poder responder a los cuestionamientos que han estado desde hace algunos meses sobre las relaciones del Ejecutivo federal y sus familiares o amigos.

“Había muchas oportunidades para responder preguntas que surgieron a lo largo de los meses y fortalecer (la SFP) sus facultades y al mismo tiempo la lucha anticorrupción.

“Y esto nos deja con la misma pregunta y el mismo sabor de boca de que no, que todavía falta mucho y que modificar ciertas leyes o facultades a la SFP no va a ser suficientes si la implementación no es adecuada”, sostuvo.

Bajas expectativas

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que debido a que fue el propio presidente quien informó de la relación laboral entre su hijo y una empresa vinculada con el grupo Vidanta en una de sus conferencias matutinas era poco probable que la SFP determinara algún conflicto de interés.

“Por la naturaleza de la relación laboral descrita entre la empresa y el hijo del presidente, era poco probable que se pudiera acreditar falta en materia administrativa”, dijo.

Es en este sentido que el experto llamó a esperar las resoluciones de otras instancias en el ámbito penal.

“Habrá por tanto que esperar el resultado de las investigaciones, que hasta donde se sabe, también conduce la Fiscalía General de la República, como parte de las denuncias presentadas por este mismo tema”, añadió.

Sin embargo, reconoció que independientemente de las investigaciones en materia administrativa o penal, la relación de los integrantes de la familia presidencial con empresas proveedoras y concesionarias del Estado mexicano, lastima el corazón simbólico de la llamada austeridad republicana”.