La Fiscalía de CDMX obtiene orden de aprehensión contra el diputado local panista Christian Von Roehrich
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra el actual coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público, así como de asociación delictuosa, cuando fue jefe delegacional en Benito Juárez.
Ulises Lara, vocero de la institución, dijo que la orden fue obtenida, luego de la captura de Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N”, exfuncionarios públicos de dicha alcaldía que habrían sido prestanombres de altas autoridades para realizar actos de corrupción inmobiliaria durante la administración de Von Roehrich en esa demarcación, de 2015 a 2018.
En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, explicó que las investigaciones sobre corrupción inmobiliaria los llevaron a que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitara y obtuviera una orden de aprehensión contra Von Roehrich de la Isla por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.
Detalló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) ya buscan al legislador. De hecho, solicitó “la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla”.
Lara López subrayó que en la CDMX “no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian ‘N’ no cuenta con inmunidad procesal”.
Los exfuncionarios
El vocero de la FGJCDMX explicó que en las primeras horas de este jueves 8, detectives de la Policía de Investigación aprehendieron a Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N”, exfuncionarios de esa demarcación en la gestión de Von Roherich, por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa.
Los detenidos habrían fungido como prestanombres de Luis “N”, exdirector de Jurídico y de Gobierno, y de Nicias René “N”, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, detenidos en julio y octubre pasados, respectivamente, y vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. El vocero dijo que “uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación”.
Ismael “N” fue contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración. Fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa.
José Ramón “N” fue subdirector de Servicios Generales en la alcaldía Benito Juárez. Fue capturado en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Alejandro “N” fue subdirector de Servicios Generales. Fue aprehendido en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Los tres fueron llevados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez de control definirá su situación jurídica.
Ulises Lara recordó que la FGJCDMX abrió una nueva línea de investigación “con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”.
Según esa indagatoria, luego del sismos del 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Dicha asignación fue mediante tres contratos: dos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, y uno adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.
“De acuerdo a nuestras investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos”, dijo el vocero de la FGJ local.
De paso, Lara López comentó que se podría dar vista también a las autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte.