Investigación revela que el programa Pegasus fue utilizado por el gobierno en 2022 para espiar a dos defensores de derechos humanos
Pese a las negativas del Gobierno de México sobre el uso de programas de espionaje de manera ilegal, parece ser que Pegasus, poderoso spyware diseñado en Israel, continúa siendo empleado en el país.
Así lo da a conocer un análisis de Citizen Lab —laboratorio interdisciplinario con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá— mismo que obtuvo una amplia muestra de pruebas forenses que dan cuenta de la implementación de esta herramienta en contra de tres miembros de la sociedad civil, dos de ellos, defensores de derechos humanos e integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El trabajo de investigación cibernética encontró que los teléfonos celulares de ambos defensores fueron infectados con el software espía en al menos cinco ocasiones y durante períodos cruciales de las investigaciones sobre dos casos de violaciones a los derechos humanos: Ayotzinapa y la Guerra Sucia.
“El momento de las infecciones en sus dispositivos corresponde a acontecimientos de importancia para las actividades del Centro Prodh, y sugiere que el operador de Pegasus puede haber estado tratando de penetrar y tal vez reducir el impacto del trabajo del Centro Prodh en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano”, señala el documento lanzado por la Citizen Lab.
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Uno de los dispositivos infectados pertenece a Jorge Santiago Aguirre, director de la ONG. Se encontró que el spyware estuvo activo el 22 de junio de 2022 y el 13 de julio de 2022.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no ha hecho uso de Pegasus. (EFE/Isaac Esquivel)
La primera fecha coincide con el periodo en que Centro Prodh inició sus actividades en una ceremonia llevada a cabo en el campamento militar mexicano, ello por el esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 a 1990 (período conocido como la Guerra Sucia).
Al día siguiente de la ceremonia, el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, Coordinadora Internacional del Centro, también fue infectado. Cabe añadir que entre la labores de la intregrante de la ONG se incluye la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército mexicano, incluida la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Su dispositivo se infectó el 23 de junio de 2022, sin embargo, ésta no fue la única ocasión, posteriormente fue infectado dos veces más a través del exploit FINDMYPWN.
Cabe señalar que el spyware estuvo activo en su dispositivo el 24 de septiembre de 2022 y el 29 de septiembre de 2022, ambas fechas coincidieron con varios acontecimientos del caso Ayotzinapa, entre ellos la publicación de un informe y la anulación de varias órdenes de detención en contra de militares implicados en la desaparición de los estudiantes.
Citizend Lab tiene la hipótesis de que la infiltración del spyware se dio con tras el despliegue de al menos tres cadenas de clic cero, aprovechando diversas aplicaciones y funciones de iPhone.
Uno de los ataques con el software espía fue durante periodos clave para el caso Ayotzinapa.
Respecto a los hechos, Centro Prodh emitió un comunicado este mismo día en el que dio a conocer que la empresa Apple notificó a ambos miembros de la organización sobre la vulneración de sus teléfonos, los cuales, según un correo electronico que ambos recibieron, fueron ataques “patrocinados por un Estado”.
“Los correos electrónicos advertían que los ataques habían ocurrido ‘por quienes son’ o ‘por lo que hacen’ y alertaban sobre que el nuevo ataque podía haber dejado vulnerables sus comunicaciones, archivos, cámaras, imágenes y el resto del equipo”, detalló la ONG.
Ante las pruebas obtenidas por el laboratorio de investigación, el Centro de Derechos Humanos recordó que no es la primera vez que se realizan labores de espionaje en su contra, pues en 2017 se corroboró el primer caso, mismo que hasta la fecha no ha sido sancionado pese a haber sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A la par señalaron que si bien los ataques digitales no son los más peligrosos, el espionaje no debe minimizarse, “pues los reiterados ataques contra defensores y periodistas evidencian a un Ejército que al actuar sin controles y empoderarse como nunca antes se ha vuelto ya una amenaza a la democracia”.