Claudia Sheinbaum propone crear una Agencia Federal Anticorrupción para investigar a funcionarios y contratistas

La candidata presidencial de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, ha propuesto la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, adscrita directamente a la oficina del Ejecutivo y con facultades para investigar, perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas del Gobierno envueltos en casos de corrupción.

La propuesta incluye una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y a una buena administración pública. Durante un acto de campaña este lunes en Ciudad de México, Sheinbaum ha sostenido que, si bien es indispensable que el jefe de Estado sea honesto, esa condición no ha sido suficiente para erradicar el problema de la corrupción en México.

“La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto [Andrés Manuel López Obrador], pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, ha afirmado.

La propuesta de combate a la corrupción fue presentada por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y exmilitante del PAN, ahora colaborador de la candidata oficialista. Corral ha detallado que la Agencia Anticorrupción tendrá facultades de investigación basada en inteligencia financiera, y será la instancia competente para resolver controversias sobre contratos ilegalmente adjudicados.

El político ha añadido que la nueva instancia asumirá los recursos con que cuenta actualmente la Secretaría de la Función Pública en lo concerniente a la investigación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La propuesta no especifica qué destino tendrá la actual Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero. No obstante, Corral ha asegurado que no se pretende “sustituir al Ministerio Público”.

El exgobernador ha afirmado que, en la Administración de Sheinbaum, se buscará aumentar los costos de cometer actos corruptos y las posibilidades de sancionar esos hechos, mediante una política de Estado transversal a los tres niveles de Gobierno —federal, estatal y municipal— y a los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—. “Estamos convencidos de que este enorme reto es tarea común de la sociedad y Gobierno; porque la corrupción trasciende el ámbito público y atraviesa a amplios sectores de nuestra vida social, económica y política”, ha afirmado.

“Actúa en redes a lo largo y ancho del país, incluso con carácter trasnacional. En redes de coordinación habrá que enfrentarla, con esta estrategia de dos componentes básicos: prevención y cero impunidad, donde la tecnología y los recursos bien aplicados nos ayuden a disminuir los riesgos y a que paguen caro los que la hagan. Y debe haber castigos ejemplares”, ha añadido.

El plan incluye diseñar una ley para homologar los criterios de persecución del delito de corrupción a nivel nacional; crear fiscalías especializadas y tribunales anticorrupción en los Estados; conceder a los ciudadanos el carácter de víctimas colectivas de delitos de corrupción con la posibilidad de participar en los procesos judiciales; permitir que la Federación atraiga casos preponderantes de corrupción en los Estados; reforzar la política de contrataciones gubernamentales mediante licitación pública; simplificar y digitalizar trámites y servicios; implementar un programa de profesionalización de los funcionarios públicos; poner en marcha el Sistema Nacional de Fiscalización, y reformar al notariado público y reforzar la vigilancia a su labor, dada la evidencia de que numerosos notarios han participado en la creación de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos y evadir impuestos.

Sheinbaum refirió que, gracias al combate a la corrupción y a los privilegios, el Gobierno de López Obrador obtuvo ingresos por 2,4 billones de pesos, que han sido destinados a obras públicas y programas de ayudas sociales. La candidata enumeró varios casos de corrupción registrados en sexenios pasados y en en el periodo que López Obrador llama neoliberal, como las privatizaciones de empresas públicas, el rescate a los bancos (Fobaproa), e incluso la designación de Genaro García Luna como zar antidrogas en el Gobierno de Felipe Calderón (y que a la postre sería enjuiciado por narcotráfico en EE UU).

La candidata también atacó a la oposición al mencionar el caso del cártel inmobiliario en Ciudad de México, un guiño a la campaña de Clara Brugada, abanderada de Morena el Gobierno capitalino, y Ernestina Godoy, exfiscal de la ciudad que armó el caso y que hoy aspira a una senaduría, presentes las dos durante el evento.

“¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? ¿Basta exclusivamente con gobernantes honestos?”, ha planteado Sheinbaum. “Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés, o quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el Gobierno de la República, el Gobierno de un Estado, el Gobierno de Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, ha agregado.